Política Pública y Movilización

Política Pública Energética

El Acuerdo de París, firmado en 2015 por más de 190 países, establece que debemos tener como meta evitar el aumento de la temperatura global 2 grados celsius, pues las implicaciones serían catastróficas. El acuerdo reconoce además la particular vulnerabilidad en la que se encuentran las islas y archipiélagos del mundo debido al incremento en el nivel del mar. En Puerto Rico, ya podemos observar los efectos de la crisis climática en los cambios dramáticos que enfrentan nuestras costas, el incremento en las temperaturas medias, el impacto en la salud de la gente, los períodos de sequías más prolongados, y huracanes más frecuentes y más intensos. En respuesta a estos cambios, El Puente–Enlace Latino de Acción Climática se ha dedicado a trabajar para erradicar la quema de combustibles fósiles en Puerto Rico y promover otras medidas de política pública que mejoren nuestra relación con el medio ambiente. Una de estas medidas incluye la aprobación de una ley que establece el objetivo de movernos a producir energía 100% renovable para el 2050, ya que al momento Puerto Rico solo produce poco menos del 3% de su energía utilizando recursos renovables.

Sin embargo, los acuerdos y las leyes no son suficientes para lograr mitigar la crisis climática en la que vivimos, en especial si queremos que esta transformación sea justa y atienda los grandes problemas de desigualdad social que también enfrentamos. Nos toca crear estrategias y tácticas para materializar estos acuerdos en proyectos reales que tengan un impacto radical en nuestro sistema eléctrico y comportamiento social, velando siempre por la seguridad de las comunidades y la salud ambiental. Es por esto que participamos activamente en procesos de educación, movilización y política pública que ayuden a alcanzar esa transición que estamos buscando. A continuación verán una descripción breve de las campañas en las que nuestra organización está involucrada.

Plan Integrado de Recursos

El Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es el documento que establece la política pública y el desarrollo de la producción de energía  en Puerto Rico por los próximos 20 años. Antes de que el PIR pueda ser implementado debe ser evaluado y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico, que es el organismo encargado de velar por la política pública energética del país. Aunque el Negociado ha provisto espacios limitados para la participación de diversos sectores que podrían ser impactados por el plan propuesto, el proceso no ha facilitado un diálogo abierto entre las partes, particularmente entre la AEE y sus consultores y los grupos que proponemos medidas alternativas al plan propuesto. El Puente-ELAC participa de este proceso junto a otros grupos y organizaciones ambientales que impulsan una transformación más justa, económica y limpia del sistema energético.

Por ejemplo, el plan actual presentado por la AEE y elaborado por la compañía Siemens Industries, favorece la importación de gas metano licuado en Puerto Rico sobre otras alternativas como la utilización de energía solar en los techos y la creación de sistemas de baterías para almacenaje de energía. Favorecen además la desarticulación y privatización del sistema público de energía, en vez de utilizar el conocimiento y la experiencia de los actuales empleados en el proceso de transición. Amenazan con continuar socavando la soberanía energética de Puerto Rico al preferir seguir importando gas licuado, en vez de producir energía solar de forma local y distribuida. Este modelo le añaden los costos ambientales de la transportación del metano, la construcción de nueva infraestructura para manejarlo localmente y el impacto ecológico y social para las comunidades aledañas a las plantas de generación. En comparación con los Estados Unidos, Puerto Rico cuenta con niveles preocupantemente altos de enfermedades respiratorias que son agravadas por la quema de combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Es por esto que El Puente junto a otras organizaciones ambientales nos unimos al reclamo de no aceptar planes de energía que beneficien el uso de combustibles fósiles en Puerto Rico. Ante este escenario, hemos contribuido al desarrollo de Queremos Sol, una propuesta que impulsa una transformación del sistema de energía de forma participativa, equitativa y limpia.

Organizaciones aliadas que participan del proceso de evaluación del PIR:

Acuerdo de Restructuración de la Deuda de Autoridad de Energía Eléctrica

En el 2016, el Congreso de los Estados Unidos firmó la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act), la cual le impone al gobierno de Puerto Rico una Junta de Control Fiscal con el poder de aprobar los presupuestos y planes fiscales del gobierno, así como reestructurar las deudas gubernamentales. Dentro de estas deudas se encuentra la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que alcanza un poco más de los $8 mil millones de dólares.

Una vez la AEE se declaró en quiebra por no poder pagar su deuda, tanto el gobierno de Puerto Rico como la Junta decidieron entrar en negociaciones con los acreedores para acordar un proceso de reestructuración. Sin embargo, este y otros procesos de reestructuración que se están llevando a cabo paralelamente no han contado con la participación ni el aval de la mayoría del pueblo que ha insistido en la necesidad urgente de realizar una auditoría ciudadana que determine la legitimidad de la deuda e identifique a aquellas personas responsables por el endeudamiento del país. Al igual que en otros acuerdos propuestos, el de la Autoridad busca que la deuda sea pagada mediante el aumento de tarifas a los consumidores y la venta de bienes públicos. Otro asunto de mucha preocupación es que el RSA impone un cargo a toda persona o compañía que genere su propia electricidad utilizando sistemas fotovoltaicos (lo que le han llamado, un impuesto al sol). El impuesto al sol desalienta el que más consumidores hagan la transición hacia las energías renovables, añadiéndole una carga económica adicional.

El Puente, junto a otras organizaciones, ha estado alertando sobre los peligros socioeconómicos del RSA, uniéndose a los esfuerzos para evitar su aprobación. Hemos participado de reuniones comunitarias y orientaciones virtuales para dar a conocer las implicaciones nefastas de este acuerdo, además de contribuir con diversas campañas para evitar que la legislatura local lo apruebe. Aún cuando los acuerdos de reestructuración tienen que ser aprobados por el Tribunal Federal, la legislatura es responsable de hacer los cambios legislativos necesarios para acomodar las disposiciones del acuerdo.

Para conocer más acerca de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, puede acceder a los siguientes enlaces:

Quema de carbón y cenizas tóxicas

El Puente – ELAC forma parte de la coalición Resistencia contra la Quema de Carbón y las Cenizas Tóxicas (RCC). Esta coalición surge luego que la corporación de Applied Energy Service (AES) comenzará la producción de energía en el pueblo de Guayama en el 2002, en contra de la voluntad de las comunidades de la región. AES acumula cenizas tóxicas en sus facilidades en una gran montaña al descubierto y sin aislante en el suelo, lo que ha provocado la contaminación del acuífero y el deterioro de la salud de las comunidades aledañas.

Como parte de la RCC exigimos la salida de AES de Puerto Rico, incluyendo cualquier trabajos o contratos que no tengan que ver con la quema de carbón, y que asuma su responsabilidad con la contaminación ambiental ocasionada y las enfermedades causadas en las comunidades puertorriqueñas. AES tiene sus manos llenas de contaminación y enfermedades a nuestras comunidades y hacemos eco a las demandas de las comunidades afectadas, directa e indirectamente.

Para conocer más acerca de la Resistencia y la lucha contra la planta de carbón, puede acceder a los siguientes enlaces:

Campaña para detener enmiendas al Mapa de Calificación de Suelos 2019

Luego de varios años de consultas y participación ciudadana, en noviembre de 2015 se aprueba el Plan de Uso de Terrenos (PUT), documento crucial para la sana planificación de nuestros recursos y actividades productivas y de ocio. El Plan, que llevaba años en revisión, fue aprobado con una buena distribución de recursos y preservación de espacios naturales. Sin embargo, entre 2017 y 2018 la Junta de Planificación presentó un Reglamento Conjunto, que a pesar del rechazo de los grupos ambientalistas, fue aprobado en mayo del 2019. Este Reglamento trajo consigo enmiendas nefastas al Mapa de Calificación de Suelo y dejaba de lado lo alcanzado con el Plan de Uso de Terrenos. En otras palabras, utilizaron el Reglamento Conjunto para cambiar el consenso alcanzado en el PUT, volviendo a poner bajo amenaza los recursos naturales, la agricultura y áreas residenciales a través de todo Puerto Rico. Por ejemplo, propone cambios de zonificación que permiten un mayor desarrollo en zonas aledañas a espacios protegidos. De igual forma, permite un aumento en densificación en las zonas urbanas y residenciales y un aumento en los permisos de negocios en zonas residenciales sin necesidad de realizar vistas de ubicación con sus residentes. La Junta de Planificación nunca explicó cuáles fueron sus criterios para determinar las densidades y las justificaciones de las zonas y tampoco consideró los problemas que representa la crisis climática ante futuros desarrollos, especialmente en zonas ya consideradas por los residentes como amenazas.

El Puente–ELAC, junto a otras organizaciones ambientales, asambleas de pueblo e individuos, nos organizamos e impulsamos una campaña en contra de esta amenaza. La posición de las diferentes organizaciones ha sido contundente en solicitar la anulación del Mapa de Calificación y el Reglamento Conjunto aprobado en el 2019. Al presente, una compañía privada ganó una demanda contra la Junta de Planificación declarando nulo el Reglamento Conjunto 2019. Aún quedan muchas dudas sin responder acerca de los permisos otorgados durante el periodo activo del reglamento y sobre qué pasará con el mapa y los informes entregados a la gobernadora por el comité asesor que ella asignó durante este periodo de controversias logradas por las organizaciones de base. Estos informes fueron entregados durante el mes de febrero del 2020 y al presente aún no se tienen respuestas de la gobernadora. Los sectores que nos oponemos seguimos vigilantes y educando acerca de este asunto.

Para conocer más sobre estas luchas, puede acceder a los siguientes enlaces:

Inspirando y nutriendo a líderes para la paz y la justicia.

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